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  Dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
  26 de Abril de 2007

  Aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La Mesa Directiva del Senado de la República lo turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

FUE APROBADO POR 95 VOTOS.
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
Abril 18, 2007.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senador Ricardo García Cervantes, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el artículo 81 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 12 de diciembre del 2006, el Senador Ricardo García Cervantes, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el artículo 81 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, la Iniciativa con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios al mismo e integrar el presente dictamen.
Con base en las referidas actividades, estas Comisiones someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El día 12 de diciembre de 2006, la Mesa Directiva del Senado de la República, aprobó que, con base en lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el artículo 81 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, presentada por el Senador Ricardo García Cervantes, fuera turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

La Iniciativa que nos ocupa señala que el contrato de seguro es una figura jurídica auxiliar de gran importancia para el funcionamiento del sistema financiero de las sociedades contemporáneas.
El contrato de seguro, es una norma jurídica individualizada, que genera obligaciones y derechos a los contratantes. Al contratar, las partes aplican una regla de derecho pacta sunt servanda a una situación concreta. El contrato es un acto de creación del derecho, ya que del mismo surgen para las partes, obligaciones y derechos que anteriormente no tenían. La fuerza obligatoria del contrato radica en que éste ha creado una norma de carácter individual.

La presente iniciativa, tiene dos objetivos fundamentales: en primer término, ampliar el plazo de prescripción de las pólizas de seguro; y en segundo lugar, establecer expresamente en la ley un procedimiento transparente que permita saber a las personas, si son beneficiarios de alguna póliza de seguro.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Esta disposición no ha sido reformada desde la promulgación de la ley en 1935, por lo que su contenido, ha sido rebasado por la realidad que vive el sector en la actualidad.

El artículo 82 de la ley, establece las excepciones para que se interrumpa el plazo de prescripción. Sin embargo, las causales de excepción (omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido), operan a favor de la empresa aseguradora. Cuando se realiza el siniestro, la interrupción corre desde que el asegurado tenga conocimiento del mismo, y además deberán demostrar que no sabían de tales inexactitudes. Para el caso de los terceros beneficiarios, se precisa que en ese caso se necesitará además, que éstos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. Tales disposiciones representan un obstáculo importante para el cobro de un seguro, ya el espíritu de la norma, busca proteger los intereses de la aseguradora. La aseguradora siempre se encuentra en ventaja frente al asegurado o los beneficiarios.

En primer término, se propone reformar el artículo 81, para que todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro, prescriban en cinco años contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Se propone dicho plazo, homologándolo al plazo que se exige en materia fiscal para conservar documentación contable.

Es oportuno señalar la importancia del convenio suscrito el 15 de febrero del presente año, entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. (AMIS), por el que se crea el Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-Vida).
La suscripción de dicho convenio, surge con motivo del elevado número de seguros de vida que no eran cobrados por los beneficiarios, en gran medida, porque la gran mayoría no se enteró de que contaban con ese beneficio a su favor.

Por ende, se propone que el servicio que proporciona el Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida, no quede únicamente en un Convenio, sino que sus objetivos y beneficios, sean elevados a la ley.

En consecuencia, se propone adicionar el artículo 81 bis a la ley, con la finalidad de precisar los supuestos que regirán la relación contractual de seguros de vida.

En el primer párrafo del artículo 81 bis, se establece que las personas que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida, podrá acudir a la Comisión, a solicitar información que les permita conocer si son beneficiarios de uno o varios seguros de vida, ya sea individuales y voluntarios con una aseguradora; por afiliación colectiva, en el caso de los seguros que ofrecen las empresas a sus empleados; y aquellos que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros, tales como tarjetas de crédito, cuentas de cheques, créditos hipotecarios, créditos automotrices, etc., o servicios comerciales como contrato de teléfono, o tarjetas de tiendas departamentales.

En el segundo párrafo, se establece el procedimiento a seguir para realizar una consulta: cualquier persona podrá acudir a cualquiera de las delegaciones de la Comisión para solicitar por escrito que se les informe, después del fallecimiento de una persona, si existe alguna póliza a su nombre y si tiene el carácter de beneficiario. Para el efecto, la Comisión consultará a las compañías aseguradoras e identificará si efectivamente la persona fallecida contaba con alguna póliza vigente y si el solicitante figura como beneficiario. Una vez realizada la búsqueda, la Comisión informará al solicitante si tiene algún derecho y ante qué aseguradora debe exigirlo, facilitándole también el número de póliza y el porcentaje del derecho que le corresponde.

Los presuntos beneficiarios deberán presentar a la Comisión una solicitud por escrito así como una identificación oficial vigente; así como el acta de defunción o algún documento público que presuma el fallecimiento del asegurado, y en ausencia de tales documentos -aplicando supletoriamente la legislación civil- mediante la presentación de dos testigos.

Las aseguradoras deberán entregar a la Comisión, la información solicitada en un plazo no mayor a 10 días en los seguros de vida individuales y de 20 días cuando se trate de seguros de vida grupales.
La Comisión indicará al o los beneficiarios, los trámites que tendrá que realizar para cobrar la póliza a la brevedad posible.

Por su parte, el servicio de la información no incrementará el costo de las pólizas y será totalmente gratuito.

En una disposición transitoria, se precisa que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, será la autoridad responsable para los efectos legales conducentes, derivados del presente decreto.

Finalmente, debe destacarse que la presente iniciativa no se encuentra en el supuesto a que se refiere el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Gasto Público Federal, ya que las actividades que se proponen para que sean desempeñadas por la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, actualmente, ya son realizadas por la misma en virtud del convenio celebrado con la Asociación, por lo que las disposiciones propuestas, no conllevan ningún impacto presupuestal.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el artículo 81 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, presentada por el Senador Ricardo García Cervantes de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con lo vertido en la Iniciativa dado que el contrato de seguro es una norma jurídica individualizada. Se trata de un acto del derecho, que del mismo surgen para las partes, obligaciones y derechos que anteriormente no tenían.
Ello es así toda vez que, las sumas de dinero por concepto de pólizas que manejan las aseguradoras, representan la confianza que los asegurados depositan en dichas instituciones, por lo que es indispensable que dichas empresas correspondan a esa confianza en el marco de la legalidad.

TERCERA.- Sin embargo, estas Comisiones estiman conveniente señalar algunas precisiones relativas a la propuesta de modificación en el artículo 81, por el que se propone la ampliación, de dos a cinco años, del plazo de la prescripción de todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro.
La iniciativa indica que "es muy común que las personas que son beneficiarios de los seguros, desconozcan del beneficio constituido a su favor, por lo que al paso de los años llegan a encontrar la póliza, y al momento de pretender cobrar el monto del seguro, se encuentran con que la acción prescribió y que no existe recurso legal alguno que les permita recuperarla."

En este tenor, las que Dictaminan consideran que actualmente, la Ley Sobre el Contrato de Seguro, ya protege a los beneficiarios de seguros de vida, toda vez que el plazo de prescripción no corre para ellos, hasta que tengan conocimiento del siniestro y, además, hasta que conozcan que fueron designados precisamente beneficiarios del seguro.

Ello es así, puesto que del artículo 82 vigente de Ley de la materia, se desprenden los siguientes supuestos:

§ En caso de siniestro, el plazo sólo correrá a partir del día en que haya llegado a conocimiento de los interesados.
§ En caso de terceros beneficiarios, se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor.
Esta situación implica, que la protección de los derechos de los beneficiarios, pueda ser incluso superior a los cinco años que establece el proponente en la Iniciativa, en tanto que no depende de la fecha de ocurrencia, sino del conocimiento, tanto del siniestro, como de su carácter como beneficiario del seguro.

En este tenor, es importante destacar que adicionalmente, el artículo 83 de la ley de la materia, ya establece que es nula la cláusula que reduzca o extienda el plazo de prescripción, por lo que no hay posibilidad de que las aseguradoras reduzcan este derecho del beneficiario.

Sin embargo, estas Comisiones dictaminadoras estiman conveniente la ampliación del término a 5 años sólo en el caso de tratarse de los seguros de vida y coberturas por fallecimiento, toda vez que la prescripción es una institución que ofrece seguridad y certeza jurídicas a los beneficiarios de los seguros, y en virtud de que la exposición de motivos de la iniciativa objeto de dictamen propone la ampliación del plazo únicamente a las coberturas de fallecimiento.

Lo anterior es así, toda vez que el argumento toral de la iniciativa busca la protección justamente a favor de los terceros causahabientes del asegurado, que desconocían la existencia de un seguro de vida en el que pudiesen salir beneficiados.

Sin embargo, es importante señalar que el artículo 81 rige a todos los contratos de seguro, esto es, tanto a los de vida (a los que se pretende proteger), como a los de daños y gastos médicos. Por ello, la reforma afectaría a otros contratos en los que no es necesaria ninguna tutela adicional, como son los de los ramos de daños y gastos médicos, cuya dinámica de operación es totalmente diferente, como a continuación se describe:

Por su naturaleza, estos seguros se reclaman de manera inmediata al ocurrir el siniestro pues afectan directamente el patrimonio de los asegurados. Asimismo, requieren la identificación inmediata de las pérdidas o gastos correspondientes, por lo que no puede transcurrir mucho tiempo en la reclamación, pues las evidencias de los daños serían difíciles de encontrar o podrían desaparecer y su pago se volvería extremadamente difícil de aplicar.

En estos casos, la ampliación del plazo de prescripción incrementaría los costos de las pólizas en perjuicio del propio público asegurado por las siguientes razones:

• Actualmente, por ministerio de ley y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las instituciones aseguradoras, ya calculan, entre otras reservas, las de Siniestros Ocurridos No Reportados, que prevén la posibilidad de reclamaciones futuras, aún después de concluidos los periodos de vigencia de los contratos.

• En general, en los seguros de daños, la ampliación del plazo de prescripción a 5 años puede conllevar al incremento en los costos de ajuste de siniestros, en las citadas reservas por reclamaciones no reportadas o reportadas tardíamente, así como los costos de arbitraje, mismos que finalmente habría que repercutir a los asegurados al elevar las primas del seguro.

• Por otra parte, las primas de los seguros y en especial los de daños no sólo dependen de las aseguradoras, sino que están sujetas a las prácticas internacionales de reaseguro, que actualmente operan considerando los términos del plazo de prescripción actual. Cualquier modificación que extienda los plazos de prescripción, podría provocar la elevación del reaseguro o la cancelación de esos contratos lo que impactará desfavorablemente a los asegurados por razones fuera del control del mercado asegurador nacional.

• Otra desventaja de alargar la prescripción en el seguro de daños, es que se abate el incentivo de manejar los siniestros de manera efectiva, originando que las reclamaciones sean notificadas con demora, en relación con el momento en que el asegurado tenga conocimiento del caso.

• Un largo período de prescripción genera un cierto descuido del asegurado dado que éste tendrá un menor estímulo para hacer esfuerzos para descubrir una pérdida lo mas pronto posible o en un plazo razonable y para notificar a la aseguradora dicha pérdida.

• Cabe indicar que, aún en el caso de seguros de daños (como por ejemplo los de responsabilidad civil), los terceros también están protegidos, debido a que el plazo de prescripción tampoco corre para ellos si desconocen la existencia del siniestro y, en caso de ser beneficiarios, de que tienen ese carácter, de acuerdo con la Ley actual.

En síntesis, estas Dictaminadoras estiman conveniente que un plazo diferenciado a 5 años en el caso de coberturas por el riesgo de fallecimiento y de 2 años para los demás casos resulta factible, de conformidad con las consideraciones anteriores.

Por lo antes expuesto estas Comisiones estiman conveniente modificar la redacción de la Iniciativa en comento, en cuanto al artículo 81, para quedar como sigue:

"Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán:
I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.
II.- En dos años, en los demás casos.
En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen."
Con dicha redacción, estas dictaminadoras coinciden en que se incrementa el período de la prescripción para aquellos a quienes se pretende proteger por la iniciativa de reforma, en tanto que es en la cobertura de fallecimiento de los seguros de vida en la que el asegurado nombra beneficiarios, los cuales podrían no conocer dicha designación. Al mismo tiempo, conserva el plazo para los otros seguros.

CUARTA.- En lo que respecta a elevar a Ley el Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida y los procedimientos que lo originaron, estas Comisiones consideran que el Convenio se construyó como un esquema de participación conjunta a fin de garantizar que su operación permanezca siempre bajo estándares de calidad y mejora continúa, en beneficio del público asegurado.

A diferencia de otros países, en los que se ha hecho necesaria la existencia de una ley o normatividad para la creación de esquemas similares, el SIAB-VIDA fue diseñado y puesto en operación a través de la concertación de las entidades e instituciones involucradas del sector público y privado, como un mecanismo ágil y transparente, bajo el principio de subsidiariedad que sólo considera la conveniencia de la emisión de una Ley cuando existe alguna problemática no resuelta por los gobernados.
Sin embargo estas Comisiones estiman que la sujeción en ley, de los supuestos de aplicación y el procedimiento a seguir, implicaría sujetar los plazos y la operación a la rigidez de disposiciones legales. En todo caso, la normatividad tendría que reformarse continuamente, a paso y medida en que se identificaran mejoras y adecuaciones al sistema.

Tal es el caso de los plazos para las consultas que la propuesta de reforma no considera en días hábiles y que en el Convenio expresamente se previeron con ese carácter, para seguridad de las partes. En la medida en que se conozcan los resultados del sistema, que aún está en proceso de evaluación, estos plazos podrían cambiar.

Por otra parte, no se omite indicar que el procedimiento señalado en la Iniciativa no corresponde en todos sus aspectos al que se opera en la actualidad, por lo que serían apropiadas algunas adecuaciones al proyecto.

Asimismo, conviene citar que el procedimiento que se pretende regular es de carácter excepcional, en atención a que el supuesto normal consiste en que los beneficiarios conozcan la existencia de los seguros y ocurran a su cobro, al momento de fallecer el asegurado.

Las Comisiones coinciden en que, en un marco de mejora regulatoria y de ampliación de la cultura aseguradora, podría ser poco conveniente elevar a nivel de Ley un régimen de excepción como el que tutela actualmente el SIAB-VIDA.

Por el contrario, estas Dictaminadoras consideran más apropiado incentivar a los asegurados para que informen a sus beneficiarios la existencia de sus seguros, a fin de garantizar el oportuno cobro de los mismos, dejando los casos extraordinarios a este sistema administrativo que ya los tutela con eficiencia.

La protección del seguro debe ser inmediata y cualquier proceso de búsqueda, aun siendo rápido, demoraría el cobro de la suma que pueda corresponder a los interesados.

Sin embargo, con el objeto de establecer los lineamientos básicos que consagren los derechos de los beneficiarios a la información y transparencia relativa a los seguros que tengan contratados, estas Comisiones estiman viable la reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para consagrar el derecho del beneficiario como usuario de dichos servicios para conocer si fue designado como tal, dejando los procedimientos operativos para alcanzar dicho propósito a la normatividad administrativa secundaria, para garantizar su flexibilidad y mejora regulatoria en el futuro.
Las que Dictaminan, consideran que la disposición respectiva a la información propuesta en la Iniciativa, debe insertarse como un segundo y tercer párrafo del artículo 52 de de la citada Ley, para ubicarse en el Capítulo II, denominado "De la información a los usuarios" para quedar como sigue:
"Artículo 52. - .....................................................................................
"Cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida, podrá acudir a la Comisión Nacional a solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, ya sea individuales o colectivos, incluyendo aquellos que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.
La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará la forma y términos en que se hará del conocimiento de los usuarios los resultados de las solicitudes que se sean formuladas con motivo de lo establecido por este artículo".
De esta manera, las que Dictaminan consideran que se preserva el espíritu propuesto en la iniciativa, toda vez que establecen en ley los lineamientos básicos para garantizan el derecho de todos los usuarios de los servicios financieros para conocer su carácter de beneficiarios.
Por otra parte, el segundo párrafo permite a la autoridad, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, definir los procedimientos y términos de entrega de la información, con lo que se abre la posibilidad de adecuar y perfeccionar el sistema en el futuro, sin constreñir el proceso de operación a una Ley.
Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones se permiten someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 81; se adicionan las fracciones I y II al mismo artículo de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:
Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán:
I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.
II.- En dos años, en los demás casos.
En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 52.- ............................................................................................
Cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida, podrá acudir a la Comisión Nacional a solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, ya sea individuales o colectivos, incluyendo aquellos que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.
La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará la forma y términos en que se hará del conocimiento de los usuarios los resultados de las solicitudes que se sean formuladas con motivo de lo establecido por este artículo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, será la autoridad responsable para los efectos legales conducentes, derivados del Artículo Segundo del presente Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil siete.

  Sentido del Voto: Favor  Resultado en el pleno: Aprobada
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